Tras el paro del 28 de agosto, nuevamente, los
trabajadores organizados hacen sentir su reclamo. Tanto el gobierno como los
medios se ven obligados a ponerlos en la agenda y como nos tienen acostumbrados
y ya no pueden tapar el sol con la mano, tratan de tergiversar o de desviar la
atención sobre los ejes centrales por los cuales se para.
En cada paro se instala
en el sentido común, tanto desde el gobierno y los medios, la idea de que un
paro “democrático” debe darles a cada trabajador la libertad o no de adherirse.
Lo real es el contexto
organizativo en que los trabajadores se encuentran y su capacidad para
protestar: una fuerza sindicalizada que no llega al 17%, con conducciones
sindicales burocráticas que miden sus intereses con el gobierno y con las
empresas más que la defensa de los derechos de los trabajadores, con altos
niveles de precarización que meten temor a perder el trabajo. En ese marco,
efectivizar cualquier medida de fuerza,
y más un paro, no depende solo de la voluntad individual.
¿Cómo llegamos al Paro?
-Con un inflación que,
según datos conservadores, llega a alrededor del 20% en lo que va del año.
-Con la caída del
salario real, también según datos oficiales, para el sector privado de un 5% y
de 2,6 % para el sector público.
-Con un nivel de desocupación
y subocupación, tomando los datos de INDEC, similar al que había a fines de
2007 donde los más afectados son los jóvenes y las mujeres.
-Con la destrucción de
482.000 empleos de los cuales el 83% (404.000) se perdieron en lo que va de
este año.
Lo real es que estamos
frente a un escenario de suspensiones y despidos - que se iniciaron en el sector automotriz y
se extendieron a otros sectores de la producción local, como industria
ferroviaria, frigoríficos, gráfica, plástico, cerámica, metalúrgica.
Dando respuesta al
discurso gubernamental que acusó a los gremios convocantes a parar de ser
funcionales (o incluso pagados) por los fondos buitres, exigieron el no pago de
la deuda externa hasta que se investigue
su origen y la composición.
El paro sumó además
reivindicaciones vinculadas a la judicialización de la protesta social. Estando
latente la condena a cadena perpetua de los trabajadores petroleros de Las
Heras, se exigió el desprocesamiento de todos los luchadores sociales y la
libertad a los presos por luchar.
Por otra parte, se
volvió a exigir un aumento salarial de emergencia y de todos los planes
sociales y jubilaciones, el 82% móvil para los jubilados y el pedido de
derogación de las herramientas legales que existen - o que se intentan aprobar - para poner en
práctica el castigo legal a los luchadores sociales y trabajadores (Ley
Antiterrorista, Ley Antipiquetes).
En este contexto económico, es de suponer que la
conflictividad va a ir en aumento. Por otra parte, el gobierno no da respuesta
a los reclamos de estas jornadas.
El desafío, más allá de un paro, es si la clase
trabajadora podrá confluir con los demás sectores en lucha para dar, en
conjunto, una respuesta con más fuerza,
más organización y más contundencia en el marco de un plan de lucha extendido.
